La jueza federal Eugenia Capuchetti rechazó hoy el pedido del fiscal Carlos Stornelli para impedir la puesta en marcha del observatorio Nodio, de la Defensoría del Público, pero aún no se expidió sobre el llamado a indagatoria de la titular del organismo, Miriam Lewin.
En su rechazo, la magistrada argumentó que en la presentación del fiscal “no se verifica -más allá de las formulaciones genéricas e invocaciones a normas de distinta jerarquía- de qué modo concreto la creación del organismo afectaría el derecho a la libertad de expresión protegido por la Constitución Nacional”.
En relación al pedido de indagatoria formulado por Stornelli contra la titular de la Defensoría, Miriam Lewin, la magistrada solicitó a ese organismo toda la documentación y normativa para la creación y la puesta en funcionamiento con el objetivo de analizar si se desprende de allí la comisión de algún delito, algo que tampoco estaba demostrado en el dictamen de la fiscalía, indicaron fuentes judiciales.
“Más allá de la opinión que se pueda tener sobre la creación de un organismo como el cuestionado y de cuál o cuáles deberían ser la acciones positivas que los Estados deben realizar para combatir la desinformación en línea, lo cierto es que en el estado actual en que se encuentran las cosas advierto que los perjuicios invocados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) son meramente hipotéticos y basados en una apresurada interpretación de la norma cuestionada que incluso omite individualizar”, sostuvo la jueza.
La causa se inició a partir de una denuncia formulada por los Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio Waldo Wolff, Fernando Iglesias, y Graciela Ocaña, entre otros, que acusaron a Lewin de crear un organismo con el objetivo de “ejercer censura previa para restringir la libertad de expresión”.
La Defensoría del Público definió a Nodio como un espacio dedicado a registrar, analizar y prevenir el caudal de informaciones y contenidos maliciosos y falsos en los medios de comunicación masivos, con el objetivo de garantizar a la ciudadanía la protección contra noticias que promueven la polarización social y la violencia.
Su lanzamiento generó polémica y fue rechazada por algunos medios de comunicación y entidades que nuclean a periodistas, pero aún no comenzó a funcionar. (DIB)