El presidente Alberto Fernández cuestionó nuevamente la “política que judicializa los disensos” al presentar el proyecto de reforma judicial que enviará al Congreso para su tratamiento, y que entre otras cosas busca evaluar la posibilidad de ampliar la Corte Suprema e introducir cambios en el Consejo de la Magistratura.
Durante un acto en Casa Rosada, Fernández pidió un “nunca más” para “una política que judicializa los disensos”, y aseguró que sin un sistema de justicia “independiente del poder político, no hay república y democracia”.
Entre otras cosas, la iniciativa impulsa la unificación y duplicación de los juzgados federales y la designación de un consejo de expertos para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema. También propone la creación de 23 nuevos tribunales federales.
El Presidente defendió la iniciativa, que ya fue cuestionada por la oposición, al indicar que propone “organizar mejor la justicia federal” y que “el poder decisorio no se concentre en poco magistrados”. Y sostuvo que esa situación fue la que llevó a que ese fuero “se politizara”, que “los procesos no se desarrollaran con eficacia” y se “manipularan los tiempos en función del clima político imperante”.
En el anuncio, Fernández estuvo acompañado por los 11 miembros del consejo asesor que evaluará los posibles cambios a introducir en la Corte y el consejo de la Magistratura, y legisladores del Frente de Todos. En cambio, la oposición (que había sido invitada) no fue de la partida, y solo una miembro de la Corte (Elena Highton de Nolasco) dijo presente.
Desde la oposición cuestionaron la reforma, sobre todo por la posible ampliación de la Corte Suprema, y la inclusión de Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la comisión de expertos.

Críticas a la Justicia

Durante, su discurso, el Presidente hizo un recorrido histórico por los diferentes cambios en la Justicia, y habló de un “deterioro” en las últimas décadas, al tiempo que hizo especial hincapié, aunque sin nombrarlo de manera específica, en los procesos que debieron afrontar exfuncionarios y dirigentes del kirchnerismo.
“Con el devenir de los días se fue perdiendo la transparencia judicial. El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno”, indicó.
El Jefe de Estado aseguró además que “la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso. Por esa vía se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”.
Por otra parte, recordó que durante la campaña electoral y en su discurso de asunción habló de los cambios que impulsa, y aseguró que “nadie puede sorprenderse por lo que estamos haciendo. Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó”.
“Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”, añadió, al tiempo que dijo que “proponemos organizar mejor la Justicia Federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal”.

Los cambios propuestos

El proyecto establece la fusión de los 12 juzgados penales federales con los 11 en lo penal económico y su duplicación para llegar a 46 tribunales en el nuevo esquema de la Justicia Federal Penal, que estará ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.
Para ocupar los nuevos juzgados se aplicará un sistema de subrogancias con intervención de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.
En cuanto a los juicios en curso, el Presidente aclaró que “la conformación de esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del juez natural: la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”.
También se propone la unificación de las cámaras de apelaciones y la ampliación del sistema de Justicia con la creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías. Los concursos que realice el Consejo de la Magistratura para cubrir las nuevas vacantes se deberán realizar por prueba de oposición oral y pública, con todo el proceso registrado con imagen y sonido para su difusión.
La iniciativa del Ejecutivo propone transferir a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio y así completar la cesión de facultades penales aún pendiente. También se prevé la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo.
En tanto, el consejo consultivo integrado por 11 asesores evaluará posibles modificaciones en la composición de la Corte Suprema y cambios en el Consejo de la Magistratura. (DIB)