En el comunicado, firmado por el PRO de la provincia de Buenos Aires, se advierte que “a quien durante años paralizó el crecimiento de la Capital provincial con amenazas, extorsiones y pedidos de coimas lo transforman en víctima; y a los funcionarios que se abocaron a escuchar los problemas de los vecinos, en victimarios”.

Y añadió: “Necesitamos una Justicia que se comprometa con la dura realidad de los bonaerenses y no con la agenda mediática que intenta imponer un gobierno que no encuentra rumbo”.

Por último, señalaron: “Nos solidarizamos con los dirigentes de Juntos por el Cambio que están siendo perseguidos. A su vez, rechazamos la actitud de los dirigentes políticos que durante años miraron para otro lado -garantizando la impunidad de los mafiosos vestidos de sindicalistas- y hoy señalan con el dedo. Debería darles vergüenza”.

Ayer, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó sin prisión preventiva a siete de los catorce acusados en el marco de la causa que lleva adelante para investigar el presunto funcionamiento de una mesa judicial bonaerense para perseguir a dirigentes gremiales en la ciudad.

Ellos son el senador bonaerense Juan Pablo Allan; el intendente Julio Garro; el exministro de Trabajo de la gestión de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas; el exsubsecretario de Justicia provincial, Adrián Patricio Grassi y los exdirectivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra.  Además, fueron embargados por $ 10 millones. (DIB)