14/11/2020
EL PRESUPUESTO 2021 INCLUYE UN “PERDÓN” A INTENDENTES QUE HAYAN USADO FONDOS AFECTADOS

Exime al Tribunal de Cuentas aplicar sanciones cuando hubieran destinado ese dinero a la emergencia del coronavirus. También posterga la limitación de los gastos.


Los intendentes bonaerenses que durante 2020 hayan echado mano a recursos afectados para un destino diferente al pactado y justifiquen el gasto por la emergencia del coronavirus quedarán exceptuados de las sanciones y multas del Tribunal de Cuentas. Así lo dispone un artículo del Presupuesto 2021, que también contempla poner en stand by los topes al aumento de gastos y del endeudamiento que entraron en vigencia este año.

El “alivio”, un gesto para los jefes comunales cuyas gestiones se vieron desbordadas a raíz de la pandemia -muchos de los cuales, además, controlan votos en la Legislatura- está contenido en los artículos 38 y 40 del proyecto que este jueves tomó estado parlamentario y ya se debate en Diputados.

El primer artículo autoriza al Tribunal de Cuentas a eximir a los intendentes de las sanciones previstas a quienes hubieran utilizado los recursos afectados (fondos que llegan de Provincia con una finalidad específica) para un destino diferente al especificado. Para ello los funcionarios deberán demostrar “razones de excepcionalidad”. En este caso, justificar que usaron el dinero para cubrir algunos de los gastos asociados al coronavirus.

En su carta orgánica, el Tribunal de Cuentas dispone en estos casos de sanciones que van desde el llamado de atención hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años, pasando por la devolución de los fondos, en algunos casos del bolsillo de los sancionados. Sin embargo, las sanciones suelen ser laxas y demoran años en ser confirmadas, muchas veces cuando el funcionario sancionado ya no se encuentran en funciones.

El artículo finalmente obliga a los intendentes a restituir los fondos a su destino original antes del año 2022.

Sin topes
En tanto, el artículo 40° extiende al 2021 la suspensión de varios artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal municipal, promovida durante la gestión de María Eugenia Vidal y con vigencia a partir de este año.

El primero de ellos obligaba a los municipios a limitar el aumento de sus gastos al índice de precios del Indec, lo que equivalía a limitar esas erogaciones a que acompañen la inflación, pero no sumen más cargos. Sin embargo, la emergencia del coronavirus hizo evidentes muchos gastos extra, que en alguna medida fueron cubiertos por los municipios. Ese beneficio, entonces, se prolongará hasta 2022.

En el mismo sentido se suspendió otro artículo que impedía a los municipios tomar endeudamiento por montos superiores al 10% de sus recursos totales. En 2021 aún podrán realizar esas operaciones. (DIB) JG







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