Lo que denuncian desde Agroecología Ayacucho es que la normativa no contó con un estudio de impacto ambiental, uno de los requisitos mínimos para presentar un proyecto de ordenanza que podría poner en peligro la salud de la población. Al mismo tiempo, destacan que “se pasó por alto” la participación ciudadana, tal cual lo exigen la ley nacional de Ambiente 25.675. Al respecto, enumeran una serie de casos a nivel nacional y provincial que comprueban cómo los agroquímicos, afectan gravemente a la salud.
“Nos enteramos por las redes que el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Ayacucho había presentado un proyecto de ordenanza propio, que ya entró al Concejo con el aval del bloque del Acuerdo Cívico. La ordenanza no solo tiene problemas jurídicos, sino que están incumpliendo que es fundamental, como es la participación de la población”, le dijo a INFOCIELO, María Eugenia Bordagaray, de Agroecología Ayacucho.
La reciente organización ambiental pide que la ordenanza “no se trate” en el Concejo y considera que hubo “presiones” por parte del sector del agro hacia los ediles oficialistas y opositores.
“No tenemos una potestad como para decir qué es lo mejor, como sí lo hace el círculo de ingenieros. Pero queremos lograr una ordenanza en donde se tengan en cuenta los derechos ambientales y de salud de la población”, aseguró Bordagaray, quien sostiene que “nadie puede defender esta ordenanza públicamente”, mientras que de forma visible sí se están manifestando varios ciudadanos en contra de la posible normativa.
Este martes 24, el proyecto podría modificarse al calor de la presión de parte de la comunidad que prepara una movilización para las 18 hs, pero aun así creen que el mismo terminará conservando algunos puntos esenciales que presentaron desde las entidades rurales.
LAS PRUEBAS CIENTÍFICAS QUE ALERTAN SOBRE LAS FUMIGACIONES
El texto elaborado por entidades rurales a favor del agronegocio que llegó a los despachos de los concejales, reconoce el peligro de la exposición a los agroquímicos, pero al mismo tiempo asegura que “no existen” pruebas fehacientes que certifiquen un daño a la salud si se aplican a una distancia considerable. Algo que de todas formas se contradice profundamente con los 25 metros propuestos como zona de exclusión hacia escuelas rurales.
Sin embargo, en el mundo y en el país se han llevado a cabo diferentes estudios científicos que contradicen lo que plantean los defensores de las fumigaciones. En primer lugar, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió en 2015 que “hay pruebas convincentes de que el glifosato” –uno de los herbicidas más utilizados en las cosechas de soja transgénica –“puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos”.
Pero ya en la Argentina, el científico del CONICET, Andrés Carrasco, publicó en 2009 un estudio en la revista Chemical Research in Toxicology, en donde se comprobó que las ranas roseadas con agroquímicos manifestaban cambios en los niveles de ácido retinoico, lo que les generaba modificaciones similares a los que los médicos observaron en las comunidades expuestas a las fumigaciones. El ácido retinoico, que es una forma de Vitamina A, es fundamental para combatir el cáncer.
Como si fuera poco, posteriormente otra científica argentina, la doctora Delia Aiassa, comprobó daño genético en personas que viven cerca de campos fumigados. El estudio de la especialista se realizó sobre una base de 30 aplicadores de agrotóxicos y 22 personas sin exposición laboral a agrotoxicos. Mientras que en los primeros se identificó un “serio daño genético”, en el segundo grupo ese riesgo desapareció.
Según se desprende del informe de Aiassa, el daño al genoma humano “es, probablemente, la principal causa de trastornos crónicos degenerativos, toxicidad reproductiva y problemas de desarrollo”.
Por todo este peso científico, y fundamentalmente por las resistencias en algunas localidades del país, la justicia está comenzando a fallar a favor de los vecinos y vecinas fumigadas. El caso más paradigmático ocurrió en septiembre del año pasado en Pergamino, cuando el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, prohibió las fumigaciones aéreas por 3 mil metros de exclusión y las terrestres por mil metros.
Ese histórico fallo en el corazón del agronegocio bonaerense, permitió que otros juzgados se animaran a sostener medidas en el mismo orden. Así sucedió en Tandil, a tan solo 80 kilómetros de Ayacucho, en donde el juez Blanc interpuso una medida cautelar para suspender fumigaciones hasta que el municipio a cargo de Miguel Lunghi (Juntos por el Cambio), presente un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante local, contemplando las observaciones que indican desde los especialistas
FUENTE: INFOCIELO.COM
