El fiscal federal Carlos Stornelli imputó hoy al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, en el marco de la investigación por la entrega de vacunas a obras sociales y clínicas privadas, para uso exclusivo de sus afiliados. En tanto, el juez de la causa ordenó un allanamiento en la cartera sanitaria de la Ciudad.

Stornelli se puso al frente de la investigación iniciada a partir de dos denuncias recibidas en las que se apuntó a “las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Tras recibir el requerimiento de instrucción presentado por la fiscalía, el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud porteño para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió la Ciudad.

El magistrado también libró un oficio a la cartera de Salud nacional para que le informe exactamente cuántas dosis de la vacuna se entregaron a la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores buscan determinar cómo se distribuyeron las dosis recibidas por la Ciudad en los centros vacunatorios, con qué empresas de medicina privada y bajo qué criterios se suscribieron convenios y, finalmente, a quiénes se inoculó.

Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo, quien apuntó a la firma de convenios entre el gobierno porteño e instituciones privadas, en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus “otorgando -dijo- privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.

Al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal Stornelli reprodujo la parte de la denuncia en la que Salvo aseveraba que “Horacio Rodríguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”.

Por la mañana, en conferencia de prensa, el ministro Quirós afirmó que el Gobierno del distrito está dispuesto a “mostrar y explicar” ante la Justicia el plan de vacunación que se implementa en la ciudad.

El funcionario porteño explicó que desde el Gobierno se realizaron acuerdos con siete empresas de medicina prepaga para llevar adelante la campaña de vacunación, del mismo modo en que se hace habitualmente para la distribución de otras vacunas, con el fin de “que cada ciudadano porteño tenga la misma capacidad y accesibilidad” a la inmunización.

“No tenemos ningún problema con ninguna denuncia. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente”, dijo.

Las prepagas que se mencionan en el sitio web del GCBA son: Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; las obras sociales, en tanto, son Osecac (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).

La investigación que enfrenta el Gobierno porteño se suma al escándalo por la aplicación de vacunas a empresarios, dirigentes y personalidades que no se encontraban entre los grupos prioritarios, que ocurrió en el Hospital Posadas y en el Ministerio de Salud de la Nación, que le costó el cargo de Ministro de Salud a Ginés González García. (DIB)