A 48 años del golpe genocida volvemos a reunirnos en la Plaza de Mayo y todas las plazas del
país. Llegamos hasta acá, como siempre, para gritar bien fuerte: ¡SON 30.000! ¡ESTÁN
PRESENTES! ¡FUE GENOCIDIO! ¡Y ESTE PUEBLO YA DIJO NUNCA MÁS!
Hoy es una jornada histórica, con movilizaciones masivas, y es una demostración de que el
Pueblo está de pie frente a este gobierno neofascista. Necesitamos fortalecer la unidad y la
organización para defender la democracia.
Nuestros familiares, compañeros y compañeras luchaban por una sociedad más justa,
igualitaria, solidaria y soberana. Por eso se los llevaron. Las mismas banderas tomamos los
organismos de derechos humanos en pleno genocidio, cuando salimos a enfrentar a la
dictadura más sangrienta. Y así lo hacemos hoy, porque el gobierno de Milei viene por todo:
por nuestros derechos, por nuestra soberanía y por nuestra libertad.
Hace 48 años, los genocidas, militares y civiles tomaron el poder en la Argentina para imponer,
con el terrorismo de Estado, la concentración de la riqueza en pocas manos, la profundización
de la desigualdad social y con ella la miseria planificada, como denunció Rodolfo Walsh. Las
mismas corporaciones que se beneficiaron entonces, son las que vuelven a hacerlo hoy, con la
misma receta neoliberal y la misma crueldad y desprecio por el pueblo argentino.
El 24 de marzo de 1976 se instaló el terror en nuestra Patria, en el marco del Plan Cóndor, la
estrategia de coordinación de las dictaduras del Cono Sur, con el apoyo de Estados Unidos.
Antes, la organización terrorista parapolicial conocida como la Triple A ya había desatado una
cacería de militantes, y por sus crímenes seguimos reclamando Juicio y Castigo. Esta represión
incluyó a hombres y mujeres de diferentes credos que no disociaron su fe del compromiso con
el pueblo. Uno de ellos fue el Padre Carlos Mugica, a quien recordamos a 50 años de su
martirio. Su causa perdura en estos tiempos de injusticia social.
Aquí, en nuestro suelo, la dictadura cívico-militar sistematizó la persecución política, las
torturas, los asesinatos, las desapariciones forzadas y los centros clandestinos de detención y
exterminio.
La construcción del enemigo interno fue el paso previo a la masacre. El sector financiero y
agroexportador, junto con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el respaldo de la Iglesia, la
corporación judicial y el aparato mediático, fueron sus responsables, no sólo de ejecutar el plan
represivo, sino también de la destrucción de la industria, del Estado de bienestar y la entrega
de soberanía. El neoliberalismo salvaje que impulsaban sólo podía imponerse quebrando la
enorme organización social alcanzada, por eso desplegaron una feroz represión contra
trabajadores, estudiantes, militantes y campesinos, generando terror en toda la sociedad, para
despojar de derechos, disciplinar y empobrecer a las mayorías populares.
Tras la recuperación de la democracia, y con los hitos claves del gobierno de Alfonsín, como el
Informe Nunca Más de la Conadep y el Juicio a las Juntas Militares, vivimos en un permanente
enfrentamiento entre dos modelos de país. El neoliberal, encarnado por Menem y De La Rúa en
los años 90, que profundizó la política económica de la dictadura y que terminó en la rebelión y
la represión del 2001, cuando el pueblo dijo basta y salió a las calles a defender su dignidad. Y
fue nuestro pueblo, también, el que sufrió los 39 asesinados por las Fuerzas de Seguridad,
mientras los artífices del desastre continuaron impunes.
Los proyectos transformadores que surgieron del 2001 tuvieron que ver con la organización
popular, la movilización y las asambleas, las fábricas recuperadas, el movimiento de
desocupados, y un modelo nacional y popular con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de
ampliación de derechos que, sin embargo, no pudo consolidarse de manera sostenida.
Después, con Macri volvieron el neoliberalismo, el endeudamiento y el FMI. Sus responsables
aún siguen impunes y muchos integran el actual gobierno o son sus socios. El mismo plan
económico es el que hoy ejecuta el gobierno de Milei y Villarruel, que empuja a la pobreza y al
sufrimiento a la mayoría del pueblo. Argentina no es su Patria. Para ellos, la única Patria que
existe es la patria financiera.
Un día como hoy, hace 20 años, Néstor Kirchner ordenó bajar los cuadros de los genocidas en el
Colegio Militar y luego, en la ESMA, dijo una frase que quedó grabada en el corazón del pueblo
argentino: “Vengo a pedir perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber
callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades".
Con la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se reiniciaron los juicios a los
genocidas en los tribunales ordinarios, con todas las garantías del debido proceso, algo que es
visto como ejemplo en el mundo. Como país, hemos consolidado las pruebas y los testimonios
que vuelven irrefutable la verdad de lo ocurrido bajo el dominio de la última dictadura: se trató
de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio, y es por eso que fueron y siguen
siendo juzgados sus responsables militares y civiles.
Desde entonces, han pasado 18 años: más de 1.100 represores fueron condenados por delitos
de lesa humanidad en más de 300 sentencias. Pero, lamentablemente, sólo una de cada tres
está firme por las dilaciones del Poder Judicial, que también existen en el desarrollo de los
juicios.
Quienes sostuvieron este proceso, con su esfuerzo han sido los sobrevivientes, ex presos y
presas políticas, familiares, organismos de derechos humanos y la sociedad comprometida con
la verdad y la justicia. Los juicios también han sido fundamentales para generar conciencia,
incluso en las propias Fuerzas Armadas, de las consecuencias negativas y graves que tiene
mezclar a los militares en cuestiones internas. Reafirmamos que la participación de las Fuerzas
Armadas en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de
todos.
Todavía falta mucho. Los partícipes civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría
impunes. Son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos también exigimos
JUICIO Y CASTIGO YA.
Y seguimos reclamando y preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN LOS CUERPOS DE NUESTROS
DESAPARECIDOS? ¿DÓNDE ESTÁ JULIO LÓPEZ?
Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a
condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Del total de los
represores investigados, la gran mayoría ya falleció o bien atraviesan los procesos en libertad.
Los detenidos son menos de 700 y más del 75 por ciento están en arresto domiciliario.
Luego de 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad seguimos exigiendo JUICIO Y
CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES; CÁRCEL COMÚN Y EFECTIVA. Se trata de crímenes atroces:
desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, violaciones, robo de bebés, vuelos de la muerte.
Son delitos que no prescriben y sus condenas deben ser de cumplimiento efectivo. Las
constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel, en sentido contrario, violan todos
los pactos internacionales que tienen rango constitucional.
La democracia argentina tiene una enorme deuda: restituir la identidad de unas 300 personas,
la mayoría nacidas en las maternidades clandestinas de la dictadura, que hoy son adultos de
entre 41 y 49 años. Ayudemos entre todos a las Abuelas de Plaza de Mayo y a sus familias
legítimas a encontrarlos. Ayudemos a que todas las personas que tengan dudas acerca de su
origen se acerquen a ellas y puedan transitar el camino de la verdad.
Hagámoslo también por sus hijos e hijas, los bisnietos de las Abuelas, que hasta tanto sus
padres y madres no conozcan su historia, ellos tampoco. Cortemos de una vez esa genealogía
falsa que les impuso el terrorismo de Estado, arrebatándolos de sus madres, apropiándolos
como si fueran un botín de guerra, sumiendo a sus familias en la más completa incertidumbre y
condenándolas a una búsqueda eterna.
¿DÓNDE ESTÁN LOS NIETOS Y NIETAS QUE BUSCAN LAS ABUELAS, QUE BUSCAN SUS
HERMANOS Y HERMANOS, SUS FAMILIAS?
Frente a este gobierno, que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica al
terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo, que sancione a
funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus
víctimas.
Vamos a seguir defendiendo las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, construidas
sobre consensos democráticos y sostenidas por trabajadores y trabajadoras. Repudiamos los
despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y exigimos su inmediata
reincorporación de los compañeros y compañeras, así como la de todos los despedidos del
Estado, y reclamamos el cese de la estigmatización del trabajo público.
Asimismo, exigimos la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas
por la Secretaría de Derechos Humanos y la preservación de los Sitios y Espacios de Memoria,
lugares fundamentales para la educación, archivo, protección patrimonial y promoción de
derechos en todo el país.
Rechazamos el negacionismo y la apología del terrorismo de Estado.
¡SON 30.000! Son la afirmación de la identidad de un pueblo que lucha.
Y casi medio siglo después, seguimos preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN?
¡ROMPAN LOS PACTOS DE SILENCIO!
Desde la instalación de la Libertad Avanza como una fuerza con representación política e
institucional se han reiterado y ampliado los discursos de odio y el cuestionamiento a las
políticas de igualdad, inclusión social y de Memoria Verdad y Justicia.
El gobierno de Milei y Villarruel está ejecutando, de manera brutal y acelerada, el plan de
ajuste más despiadado de estos 40 años de historia democrática. Es la reedición de la miseria
planificada de Martínez de Hoz.
A días de asumir, instrumentaron una devaluación que significó una pérdida enorme para los
salarios y jubilaciones. Pretenden desmantelar el sistema laboral, previsional y de la seguridad
social con las peores recetas del neoliberalismo. Han arrancado partes enteras del Estado
destinadas a la ayuda social. Han interrumpido el envío de alimentos a los comedores
populares. Es necesario que se restablezcan de inmediato. Está claro: lo único que genera este
plan son ganancias extraordinarias para unos pocos y hambre para la mayoría. En los barrios
populares se vive una emergencia humanitaria sin antecedentes en nuestra patria.
Le recordamos a este gobierno que debe tener presente que con el odio, la represión y el
revanchismo no se puede construir una sociedad más justa y fraterna. A los representantes del
pueblo, diputados, diputadas, senadores y senadoras, les recordamos que tienen la
responsabilidad de rechazar por inconstitucional el DNU y la Ley Ómnibus, que son de nulidad
absoluta.
Vemos con preocupación un retorno de figuras representativas del mundo militar a la vida
política y a posiciones de gestión. Especialmente grave es que la conducción política de las
Fuerzas Armadas la ejercen hoy, en puestos claves, militares retirados, y que la conducción de
la AFI también está en cabeza de militares. Este avance castrense merece mayor conocimiento
y atención pública.
Defendemos los derechos humanos, la construcción democrática y la Constitución Nacional.
Milei pide poderes absolutos para destruir el país y obligar a los gobernadores a que firmen la
aprobación de la Ley Ómnibus antes del Pacto en Córdoba el 25 de Mayo. Es una extorsión y
una traición a la Patria. El gobierno quiere arrastrar al país a una dictadura del Mercado.
Defendemos la educación y la salud pública y denunciamos su vaciamiento, como también de
todos los organismos de la ciencia y la cultura. Recortan políticas para la igualdad de género e
intentan prohibir el lenguaje inclusivo, ignorando la potencialidad del movimiento de mujeres y
del colectivo de la diversidad sexual.
Pretenden privatizar las empresas del Estado. La Patria no se vende: se defiende. Las empresas
del Estado pertenecen al pueblo y no deben ser privatizadas para transformar al país en una
colonia, muchas empresas y entidades públicas, como el Banco Nación, no sólo son
estratégicas para el desarrollo nacional, además son rentables.
El gran desafío de nuestro pueblo y el reclamo al gobierno nacional y a las provincias es la
lucha contra el hambre. No es posible que en nuestro país, que es productor de alimentos, haya
niños y niñas pasando hambre, o jubilados que dependen de su familia para alimentarse o
comprar medicamentos.
La deuda externa es impagable e inmoral. Es mentira que no hay plata. Se deben investigar los
préstamos del FMI que contrajo Mauricio Macri para facilitar y acelerar la bicicleta financiera.
Ese dinero nunca llegó al pueblo. Volvemos a denunciar la fuga de capitales del país. La deuda
es con el pueblo y no con el FMI. Patria sí, colonia no.
El desprecio de este gobierno sobre la soberanía es sistemático. ¡Las Malvinas son argentinas!
Continuaremos reclamando el derecho del pueblo a su integración nacional, defendiendo
nuestra soberanía frente a la ocupación británica y la base militar de la OTAN.
¡Tenemos 30.000 razones para defender la Patria!
¡Nunca Más miseria planificada!
La Unidad de las fuerzas políticas y sociales, sindicales y de los movimientos de derechos
humanos, de los feminismos y diversidades debe ser mandato urgente para organizar la
resistencia y generar las alternativas necesarias para poner fin a tanto sufrimiento.
Pedimos a los gobernadores que resistan ante las extorsiones del gobierno, que defiendan el
territorio nacional y los recursos naturales, que revean los contratos de las empresas mineras,
el extractivismo y saqueo de recursos naturales. Se llevan todo y dejan contaminación, pobreza
y hambre. Que respeten a los pueblos originarios, sus culturas y sus tierras comunitarias. El
Gobierno de Milei intenta derogar la ley de tierras que puso un freno a los capitales extranjeros
para la adquisición de territorios, muchos de los cuales pertenecen a las comunidades de
pueblos originarios, que viven permanentes situaciones de desalojos y persecución.
Vemos en el gobierno de Milei actitudes de extrema crueldad y violencia hacia quienes piensan
distinto. Niega los aportes que los movimientos populares, de las mujeres y los organismos de
derechos humanos hemos realizado a lo largo de estos 40 años de democracia.
¡Un gobierno que no está al servicio del pueblo, está en contra del pueblo!
La erradicación de la violencia institucional sigue siendo una deuda. La impunidad de los
crímenes de la dictadura, permitida durante años, tuvo sus consecuencias en la democracia.
Este gobierno ha puesto en marcha un protocolo represivo destinado a impedir el ejercicio del
legítimo derecho a la protesta social. Así como hicieron en el gobierno de Mauricio Macri y
Patricia Bullrich, la persecución y difamación a los opositores políticos y sociales vuelve a ser
una práctica cotidiana. Las decenas de personas detenidas a lo largo y ancho del país son
expresión de la intimidación como política de Estado. Repudiamos la persecución en Jujuy a la
población que lucha por sus derechos y en particular la desatada contra Roque Villegas, Lucía
González y Nahuel Morandini y reclamamos su inmediato desprocesamiento.
Seguimos reclamando justicia por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el
asesinato de Rafael Nahuel y de todas las víctimas de la violencia institucional y represión
ilegal. Rechazamos enérgicamente la doctrina Chocobar que pretenden volver a imponer con
más ferocidad. Reclamamos el compromiso con una seguridad democrática.
¡Libertad ya para Milagro Sala, presa política!
Repudiamos la brutal agresión sufrida por una integrante de la Agrupación H.I.J.O.S., nos
solidarizamos con ella y exigimos a las autoridades competentes investigación y castigo a los
responsables. Este atentado vuelve a poner en riesgo los avances consagrados en materia de
derechos humanos a lo largo de cuarenta años de democracia. Los más elementales de ellos: la
vida, la integridad, la libre expresión se encuentran amenazados y violentados.
¡Nunca Más el odio, Nunca Más la violencia política!
Reafirmamos el compromiso con los derechos humanos que nos atraviesan cotidianamente: la
alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la cultura y el trabajo. Y también con las
infancias y la juventud. Con la sociedad, el Estado y el medioambiente que les dejamos.
Debemos fortalecer los valores fundamentales de los derechos humanos, de la solidaridad y la
protección colectiva.
Ante el fuerte deterioro de las condiciones de vida en nuestro país, gran parte de la población
apoyó una propuesta negacionista, autoritaria y que, finalmente, gobierna en contra de los
intereses del pueblo. No nos resulta indiferente y nos interpela. Será preciso ampliar y
reformular el movimiento político y social, y la construcción colectiva que permita trazar
nuevos horizontes.
Vamos a seguir cuidando la democracia en la Argentina y en toda la Patria Grande, siempre,
porque cuando lo hacemos estamos homenajeando la memoria de quienes lucharon por una
Patria libre, justa y solidaria; porque cuando lo hacemos reclamamos que se terminen las
prácticas y discursos de odio y negacionismo, porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene
que haber pan, paz, trabajo y libertad.