En uno de los casos más aberrantes de la historia judicial reciente de la región, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Dolores condenó a los responsables de una red de abusos y corrupción de dos menores -un niño y una niña de entre 6 y 8 años- que operaba en Villa Gesell.
Según reflejaron Diario Compromiso y El Mensajero de la Costa, los magistrados Juan Paulo Gardinetti, Christian Ariel Rabaia y Marcos Milano dieron un fallo contundente que desestimó todos los argumentos de las defensas. Entre los condenados están un hombre a cargo de la guarda de la menor y la madre biológica de ambos
El tribunal acreditó que los menores no solo eran abusados físicamente, sino que eran sometidos a “prácticas ultrajantes”. La sentencia puso especial énfasis en la situación de la niña, a quien calificó como víctima de "vulnerabilidad interseccional" por su doble condición de mujer y niña. El tribunal recordó que el Estado tiene una "diligencia reforzada" en la protección de los menores, citando la Convención sobre los Derechos del Niño y las 100 Reglas de Brasilia.
Respecto a los abusos, se destacó la figura del "guardador de hecho" que ostentaban los imputados. La Justicia entendió que ambos asumieron materialmente el cuidado de los niños para, en realidad, vulnerar su integridad de forma sistemática.
Para elevar las penas por encima de los mínimos legales, los jueces consideraron la corta edad de las víctimas (entre 6 y 8 años), lo que trasunta un "claro desprecio por la niñez"; la reiteración de las agresiones; y la extensión del daño psicológico causado a los hermanitos, acreditado por peritos. Como único atenuante, se aceptó la falta de antecedentes penales previos de los tres imputados.
El Tribunal no brindó los nombres de los condenados, sólo las iniciales:
A. P.: 14 años y 6 meses de prisión. Autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargado de la guarda de la menor.
A. G. (madre biológica de los niños): 10 años de prisión por promoción de la corrupción de menores, agravado por el vínculo y la edad de las víctimas. En su caso, se aplicó el mínimo legal previsto.
Fuente: Agencia DIB
