Buenos Aires, 19 octubre (NA) -- El oficialismo de la Cámara de Diputados no logró cerrar los acuerdos con las fuerzas aliadas y dialoguistas para firmar mañana el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y se pospuso el plenario de comisiones para la semana que viene, por lo que el proyecto que pivotea en torno a la reafirmación de las Islas Malvinas como patrimonio territorial y económico argentino no entrará en la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados.
El foco de los reclamos no solamente alcanza al polémico artículo 111, que penaliza la "manipulación de la opinión pública" a través de "campañas de desinformación masiva", la "alteración de procesos electorales" y la colaboración con tareas de "sabotaje" al orden público.
También comprende la excesiva concentración de poder en el Ejecutivo mediante eel Consejo de Seguridad Nacional, los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de buques, la falta de precisión técnica sobre los criterios para definir una "amenaza externa" o una "actividad terrorista", (pudiendo ser utilizadas como pretexto para reprimir la disidencia interna), y hasta la difuminación de la frontera entre la Defensa y la Seguridad Interior.
Pero además aparece un elemento de contexto internacional que influyó en el freno del dictamen: el Gobierno de Estados Unidos propuso eliminar el Comité de Descolonización de la ONU en la cuarta Asamblea General, y Argentina, a través del canciller Pablo Quirno, se abstuvo en una decisión polémica y contradictoria con la narrativa de Javier Milei de los últimos meses de rechazo a la actividad colonial en Malvinas.
Es en ese ámbito internacional que la administración de Donald Trump busca erradicar donde Argentina, a través de distintas gestiones, ha sostenido históricamente su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas en el conflicto con la potencia invasora británica.
Al respecto, el diputado nacional de Unión por la Patria y ex canciller Jorge Taiana dijo que "es evidente que la abstención argentina en una votación tan importante para nuestro país ha contribuido decididamente a la posición colonialista defendida por Estados Unidos de disolver el único órgano multilateral que ha reconocido la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas".
"Rechazamos la solicitud de Estados Unidos y exigimos al gobierno argentino que de manera urgente repudie esta decisión y retome la tradición diplomática argentina de firmeza y coherencia en el reclamo", agregó el también ex ministro de Defensa.
A través de sus emisarios en el país, el trumpismo habría hecho saber sus dudas sobre el avance del proyecto de Malvinas en el Congreso.
En este marco, y luego de no poder acordar los cambios al proyecto con sus aliados y fuerzas dialoguistas, el oficialiso decidió posponer el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para el miércoles 27 de octubre a las 16 hs.
Los puntos clave del proyecto del Gobierno
El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.
Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos.
Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.
Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación.
Por otro lado, se prohibirán aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
También se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.
Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales.
Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.
Agencia NA
