El intendente en uso de licencia de Maipú, Matías Rappallini, fue procesado hoy por incurrir en el presunto delito de fraude electoral, a raíz de una maniobra que habría impedido de votar a unos 30 vecinos de esa ciudad en los comicios de 2019. La medida judicial también comprende a la actual jefa comunal interina, Lorena Otermín.
El expediente en el que se investiga a Rappallini se originó en una denuncia por la retención indebida de los documentos de identidad a al menos 27 vecinos, que se vieron impedidos de votar en la elección de 2019, cuando el dirigente radical accedió a su tercer mandato al frente de la comuna por un escaso margen: apenas unos 50 votos.
Ahora, el titular del juzgado federal N°1 de La Plata, que tiene la competencia electoral en la provincia, Alejo Ramos Padilla, avanzó con la imputación contra él y su reemplazante Otermín, que era funcionaria del Ejecutivo -Secretaria de Gobierno- cuando ocurrieron los hechos y después ganó una banca como primera concejal desde la cual saltó a la intendencia en 2024, cuando Rappallini pidió licencia. A ambos les embargó bienes por $30 millones.
El caso causó impacto en la ciudad, no sòlo porque involucra a la cima del poder local, un intendente histórico, con larga trayectoria en el radicalismo y a su reemplazante, una mujer de su círculo más cercano, sino también porque los Rappallini son una de las familias más influyentes de la ciudad, propietarios de una reconocida empresa. De hecho, el hermano de Matías, Martín Rappallini, es un actor político de trascendencia nacional, ya que en la actualidad preside la Unión Industrial Argentina.
A lo largo de la investigación, impulsada por el ministerio público fiscal a partir de una presentación original de Facundo Coudannes, en su momento rival electoral de Rappallini por el peronismo, se determinó que el caso, primero encuadrado como una práctica clientelar, en realidad podría configurar un delito electoral.
Ramos Padilla, en el procesamiento, consignó que las maniobras habrían incluido la entrega de dinero, alimentos, planes sociales o gestiones administrativas a cambio de los DNI que les fueron retenidos a los vecinos. Pero en otros casos, las víctimas denunciaron haber recibido presiones o amenazas para entregarlo. La mayoría eran mujeres con hijos a cargo, en situación de vulnerabilidad social.
El juez también indicó que Rappalllini y Otermín “organizaron y realizaron acciones coordinadas dirigidas a retener documentos de identidad de terceros mediante engaños” para impedir el ejercicio del voto.
Fuente: Agencia DIB.
