Al cumplirse este viernes 23 años de la desaparición de Rubén Darío Jerez en Santa Teresita, una vez más allegados y la comunidad de La Costa lo recordarán y renovarán el pedido de justicia.

La Comisión Provincial por la Memoria impondrá el nombre de “Darío Jerez” al nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) del Sitio de Memoria Cementerio General Lavalle, en un acto que tendrá lugar a las 14. Más tarde, a las 20.30 se desarrollará una nueva convocatoria en la intersección de Calle 29 y 3 de Santa Teresita, donde Jerez fue visto por última vez. Allí habrá un acto y diversas manifestaciones culturales.

La desaparición de Rubén Darío Jerez

Rubén Darío Jerez tenía 40 años, el 25 de octubre de 2001 salió de su casa en Santa Teresita para iniciar su jornada laboral. Cerca del mediodía, luego de visitar a un cliente, testigos lo ubicaron en la calle con un directivo de la empresa en la que trabajaba, Alejandro Muñoz. Esa fue la última vez que lo vieron con vida, su auto quedó estacionado con las ventanillas abiertas y los objetos personales en su interior. Muñoz negó ese encuentro y fue imputado de encubrir su desaparición. Carlos Subirol, otro empleado de la empresa, que retiró el auto del lugar, alterando la escena, también quedó imputado.

Según reconstruye la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a lo largo de toda la investigación se pudo dilucidar el vínculo entre la empresa financiera en la que trabajaba Jerez con funcionarios del Estado y cómo estos intentaron utilizar su posición en el mismo para lograr desviar el curso de la investigación. Un hito de la causa fue el plan, ejecutado por funcionarios públicos, para que una persona con discapacidad mental se autoincrimine mediante amenazas y ofrecimiento de recompensa.

El exdirector de Inspección general de La Costa, Cristian Ibarra, y el entonces concejal Daniel López le hicieron copiar a Gustavo Gabriel Maidana una nota de puño y letra con el diálogo que debía repetir atribuyéndose la desaparición de Jerez. A cambio de ello, e intermediando amenazas, se le enviaron materiales de construcción. El entonces secretario de gobierno del municipio, Jorge Grande, también participó de las maniobras para evitar que se conozca lo sucedido y en especial el paradero de Jerez, siempre de acuerdo con la CPM.

Tras siete años de instrucción, la causa por encubrimiento fue elevada a juicio con cinco imputados: los tres funcionarios públicos y los dos trabajadores de la empresa vinculados con estos hechos. Fueron absueltos, pero la Cámara de Casación Penal anuló la sentencia y reenvío la causa a primera instancia para que se realice un nuevo juicio. El organismo revisor tenía la posibilidad de dictar un veredicto de culpabilidad que no utilizó sin mediar explicación alguna. Tampoco se expidió sobre la naturaleza de desaparición forzada de los hechos considerados como probados.

“El pacto de silencio que manejan quienes fueron acusados por el encubrimiento nos dificulta el acceso a la verdad y, más aún, a la Justicia. No sabemos si vamos a llegar a que nos digan qué fue lo que hicieron con él, pero nos va la vida en esa pelea”, aseguraba hace unos años su hijo Julián. “El sistema está armado para encarcelar a los pobres. Es más difícil llegar a la justicia cuando los acusados manejan dinero e influencias”, le decía en 2021 a Clarín, cuando se cumplieron veinte años de la desaparición.

La dilación de los recursos y las subsiguientes apelaciones de los imputados, explica la CPM, llevó a que la causa fuera remitida recién en 2017. Al no estar caratulada como desaparición forzada, el tribunal de primera instancia declaró la prescripción de la acción penal que la Cámara de Casación confirmó el 16 de mayo de 2019. Decisiones que desconocen el carácter continuo y permanente de la desaparición de Jerez. (DIB) GML