Un grupo de diputadas oficialistas presentó hoy un proyecto de resolución para excluir a su par del Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, del cuerpo por inhabilidad moral, a ríz de su “involucramiento en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta” y sus “asesoramientos” a empresas de seguridad cuando revestía como presidente de la comisión respectiva de la Cámara baja, entre otros hechos.

El bloque de Pro, comandado por Cristian Ritondo, acusó al kirchnerismo de “montar un show electoralista”. “Dictamina, de antemano, una condena al margen de la Justicia contra el diputado nacional Gerardo Milman y la diputada provincial Florencia Retamoso, a los fines de equiparar el sistema de corrupción que se investiga en los tribunales y que los jueces, en sus respectivas instancias, han condenado a numerosos funcionarios del partido gobernante, incluida la actual Vicepresidenta”, retrucaron los diputados de Pro.

El pedido de exclusión de Milman, que fue anticipado ayer por el jefe de bloque Germán Martínez, se presentó con las firmas de las diputadas Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic. Será debatida en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la cual encabeza la kirchnerista Paula Penacca.

Sin embargo, difícilmente prospere la iniciativa ya que el oficialismo no cuenta con los dos tercios de los votos de la Cámara que requiere la Constitución Nacional en su artículo 66. El diputado Milman, por su parte, no hará declaraciones sobre la embestida oficialista, adelantaron sus voceros.

Desde la bancada de Pro dijeron que esperarán a lo que dictamine la Justicia sobre las investigaciones que recaen sobre Milman. “No vamos a cometer el agravio institucional de los kirchneristas que son maestros en violar la Constitución. Vamos a seguir respetando el funcionamiento independiente de los tres poderes, y cuando algún integrante de la oposición que componemos sea citado por la Justicia, confiaremos en ella, para que cada uno de los acusados ejerza su legítimo derecho a la defensa”, indicaron.

“Acompañaremos siempre el esclarecimiento de cualquier tema reñido con la ley, siempre salvaguardando los procedimientos ajustados a derecho. Porque, recuerde el oficialismo, para legislar al servicio del bien común y de la República, primero hay que hacer lo que manda la Constitución y no el interés mezquino que divide, corrompe y miente”, enfatizaron.

En el proyecto, las diputadas del Frente de Todos enumeran una serie de hechos que, a su juicio, “tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación”. “Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”, asestaron.

Milman fue viceministro de Seguridad de Bullrich y desde diciembre de 2021 una banca en el Congreso por el Pro. En el medio de investigaciones derivadas del ataque a Cristina Kirchner en Recoleta, Milman fue acusado ante la justicia por un asesor del oficialismo que, afirmó, sabía de antemano lo que pasaría el 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces en la cabeza de la vicepresidenta, y el tiro no salió. Milman negó las acusaciones.

No obstante, las legisladoras apuntaron contra Milman por su “involucramiento en el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, al tiempo que advirtieron sobre sus vínculos opacos con empresas de seguridad –a su juicio, incompatibles con su función como presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara baja- y manejos irregulares en el nombramiento de sus asesores.

En este sentido, cuestionaron la designación en 2017 de la asesora Carolina Gómez Mónaco como directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito y la de su hermana, Daniela Gómez Mónaco como jefa de Administración de la Dirección de Inteligencia Criminal. A juicio de las legisladoras, ninguna de ellas tenía experiencia previa para ejercer ese cargo.

Acto seguido, apuntaron que Carolina Gómez Mónaco creó con otro asesor de Milman la empresa Salvattore Group, que funcionó presuntamente como vehículo para una serie de emprendimientos comerciales como Luxa Estética y Luxa Models. “Esta sociedad fue recientemente intervenida por la Inspección General de Justicia de la Nación por advertir una serie de irregularidades”, argumentaron las legisladoras.

Por otra parte, se cuestionó al diputado Milman por haber violado la ley de Ética Pública al proveer asesoramiento en temas de seguridad a empresas del rubro, como así también por el uso particular de un automóvil que era propiedad de una firma a la que asesoraba. “Las facturaciones recientes en esta materia del diputado Milman y el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado creemos entran en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara”, enfatizaron.

Finalmente, las legisladoras cuestionaron los “sospechosos contratos de alquiler” a nombre de Milman por resultar, a su juicio, “inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional”. (DIB)