La Justicia penal de La Plata dictó la prisión preventiva para la pareja de empleados del Senado bonaerense acusados de abuso sexual con acceso carnal contra al menos cuatro víctimas. Se trata de Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, agentes de planta permanente de la Legislatura, detenidos desde el 29 de diciembre.
La medida fue solicitada por la fiscal Betina Lacki, quien pidió al juez de Garantías Juan Pablo Massi que mantuviera la detención de los imputados. El magistrado hizo lugar al planteo y ordenó que continúen privados de la libertad.
Tal como informó agencia DIB días atrás, la fiscal que encabeza la causa resolvió ampliar la imputación contra los acusados de liderar una estructura de características sectarias dentro de la Legislatura. Según trascendió, dos nuevas víctimas declararon y relataron una serie de abusos.
Los nuevos elementos probatorios indican que los hechos no solo se habrían cometido en ámbitos privados, sino también en los propios despachos de la Cámara Alta. De acuerdo con fuentes judiciales, la fiscalía analiza ahora si existió una posible red de encubrimiento por parte de funcionarios de mayor jerarquía.
El dictamen judicial sostiene que las víctimas eran captadas mediante un ardid de tipo “guía espiritual” o “mesiánico”, para luego ser sometidas a vejaciones físicas y sexuales. En ese marco, las pruebas obtenidas de teléfonos y dispositivos electrónicos de los imputados resultaron determinantes para avanzar con la ampliación de la acusación. Sobre el rol de la pareja, la imputación remarca que la mujer detenida, lejos de proteger a las integrantes de la agrupación, era quien las acercaba al entramado de abusos.
El expediente cuenta actualmente con cuatro damnificadas reconocidas formalmente -dos en una causa iniciada en 2019 y otras dos incorporadas en 2025-, aunque los investigadores presumen que el número real de mujeres atacadas podría ser mayor. En ese sentido, la Justicia encuadró los hechos como abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud mental de las víctimas, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio.
Los testimonios coinciden en la existencia de ritos de castigo físicos, como laceraciones y caminatas sobre fuego, que buscaban anular la voluntad de las jóvenes. La investigación avanza ahora sobre la posible responsabilidad de otros niveles del Senado bonaerense.
Tal como informó la agencia DIB, los primeros episodios denunciados se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años fue contactada por Rodríguez en ámbitos académicos y políticos, bajo la promesa de una pasantía en la Legislatura. Ese encuentro, que tuvo lugar en un domicilio particular, habría derivado en un abuso sexual. Un año más tarde, en 2016, otra joven de la misma edad denunció haber sido citada por Rodríguez a un departamento en La Plata, donde fue abusada bajo amenazas con armas blancas.
Pero es a partir de ese período cuando, según la investigación, comienzan a aparecer los primeros indicios de una estructura de dominación que excedía el vínculo individual. Entre 2016 y 2017, los abusos se habrían vuelto reiterados y sistemáticos, con la participación necesaria de Silva Muñoz, señalada como pieza clave en la captación y sometimiento psicológico de las víctimas.
Durante 2017, el expediente incorpora la conformación de una presunta organización denominada “Orden de la Luz”, que funcionaba con una lógica cerrada, jerárquica y coercitiva. De acuerdo con los testimonios, Rodríguez era presentado como una figura con rasgos divinos o sobrenaturales, bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz cumplía el rol de guía espiritual o “sensei”.
En ese marco, las víctimas relataron haber sido sometidas a rituales, entrenamientos, controles permanentes y amenazas, además de recibir mensajes intimidatorios a través de correos electrónicos y otras vías digitales. Las comunicaciones internas del grupo utilizaban un lenguaje codificado, con claves y referencias que, según fuentes judiciales, evidencian una organización planificada y no hechos aislados.
Fuente: Agencia DIB
